Castilla-La Mancha aprueba 3.804 plazas de empleo público para 2025

OEP 2025: Castilla-La Mancha aprueba 3.804 plazas públicas

El Gobierno de Castilla-La Mancha y las organizaciones sindicales mayoritarias han aprobado la Oferta de Empleo Público (OEP) para 2025, que contempla un total de 3.804 plazas. La OEP incluye personal funcionario y laboral de la administración general, personal docente no universitario de la Administración de la Junta de Comunidades y personal estatutario del SESCAM. La aprobación se produjo en la reunión de la Mesa General de Negociación del personal empleado público.

La propuesta de la OEP para administración general, educación y SESCAM fue impulsada por el Gobierno regional y contó con el voto favorable de la mayoría de las organizaciones sindicales representadas en la Mesa General de Negociación del personal empleado público. La mesa estuvo presidida por el director general de Función Pública, José Narváez, y contó con la participación de José Manuel Almeida, director general de Recursos Humanos de Educación, Cultura y Deportes, e Íñigo Cortázar, director general de Recursos Humanos y Transformación del SESCAM.

La distribución de las 3.804 plazas de la OEP 2025 es la siguiente:

• Administración general: 1.303 plazas (827 para personal funcionario y 476 para personal laboral).
• Educación: 910 plazas.
• SESCAM: 1.591 plazas.

Dentro de la OEP, se reserva un 7% de las plazas para personas con discapacidad. De este porcentaje, un 2% está destinado a personas con discapacidad intelectual y el 5% restante a personas que acrediten otro tipo de discapacidad.

Una vez celebrada la Mesa General de Negociación, la Oferta de Empleo Público para 2025 en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se elevará al Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, para su aprobación por parte del Ejecutivo autonómico. Según el Gobierno autonómico, esta nueva oferta se suma a las más de 30.000 plazas de empleo público aprobadas en la región desde el año 2015. El objetivo, según la administración, es reducir la tasa de temporalidad, blindar las plantillas, facilitar la promoción interna y mejorar la calidad de los servicios públicos.