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El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales para 2026, ascendiendo a 12.903 millones de euros. Esto representa una variación del 1,5 por ciento con respecto al año anterior. El proyecto ya ha sido registrado en las Cortes regionales para su tramitación parlamentaria.
El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, presentó el proyecto tras el Consejo de Gobierno en el Palacio de Fuensalida, en Toledo. Según Ruiz Molina, el presupuesto está «totalmente comprometido con las personas y el progreso de Castilla-La Mancha».
Descontando los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y la parte relacionada con la deuda pública, el gasto no financiero disponible asciende a 10.777 millones de euros. Esto supone un aumento de 720 millones con respecto al ejercicio 2025, representando una variación del 7,2 por ciento.
Ruiz Molina explicó que el presupuesto se ha elaborado en un contexto de «normalidad y estabilidad política e institucional en la región». Destacó que las agencias internacionales de rating Fitch y Moody´s han elevado la categoría crediticia de la región. El Banco de España, según Ruiz Molina, sitúa a Castilla-La Mancha como la tercera comunidad que más ha reducido el peso de la deuda con respecto al PIB desde que García-Page es presidente. El Instituto Nacional de Estadística (INE) también constata que Castilla-La Mancha es la tercera comunidad con mayor tasa de crecimiento desde la pandemia.
El gasto social, según Ruiz Molina, es el principal eje del presupuesto para 2026, destinándose 7.555 millones de euros al Estado del Bienestar. Esta cifra supera en 3.054 millones lo presupuestado en 2015. Dentro de este gasto, se superarán por primera vez los 4.000 millones en sanidad, con un crecimiento del 7,5 por ciento. En Educación, Cultura y Deportes se destinarán 2.500 millones de euros, un 5,3 por ciento más que en el presupuesto anterior, excluyendo los fondos MRR. El área de servicios sociales superará por primera vez los 1.000 millones, con un aumento del 7,7 por ciento con respecto a 2025, excluyendo fondos MRR.
Las políticas de gasto dirigidas a incentivar el desarrollo económico y la generación de riqueza y empleo contarán con 3.232 millones de euros, un 68 por ciento más que en 2015. La Estrategia Regional frente a la Despoblación dispondrá de 2.116 millones, con un crecimiento del 4 por ciento respecto al anterior ejercicio.
En cuanto a los ingresos no financieros, el 68 por ciento, 7.814 millones, provienen de las aportaciones a la región por el Sistema de Financiación Autonómica. Las transferencias del Estado y la UE ascienden a 2.166 millones.
El Gobierno regional estima un volumen de beneficio fiscal de 389,2 millones, con una variación del 17 por ciento respecto al año anterior. Las desgravaciones vigentes en materia de vivienda supondrán un ahorro de 84,3 millones, en materia de despoblación se estima un ahorro de 60 millones, mientras que las desgravaciones que benefician a personas con discapacidad serán de 21,3 millones.
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