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Castilla-La Mancha reafirma su apuesta por el tejido empresarial, reconociendo a las empresas familiares como «generadores de riqueza y empleo». El consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, destacó la solidez económica y financiera de la comunidad autónoma durante el XII Foro de Economía de Castilla-La Mancha.
Ruiz Molina resaltó la contribución de las empresas familiares a la cohesión territorial y al fortalecimiento del tejido productivo. Según datos del consejero, más de 13.000 empresas familiares operan en Castilla-La Mancha, representando nueve de cada diez empresas en la región y el 80% de los empleos.
El consejero se refirió a indicadores que reflejan la estabilidad de la región. Moody’s y Fitch mejoraron la calificación crediticia de Castilla-La Mancha, reflejando la fortaleza de sus cuentas públicas. Según el Banco de España, la comunidad es la tercera que más ha reducido el peso de su deuda sobre el PIB desde 2015. Datos del INE confirman un crecimiento del PIB regional del 3,7% en 2024, superando la media nacional, y una tasa de paro mínima desde 2008, con más de 800.000 afiliaciones a la Seguridad Social. El Índice de Confianza Empresarial sitúa a Castilla-La Mancha en primera posición junto con Cantabria.
Ruiz Molina también abordó la gestión presupuestaria, destacando la aprobación del techo de gasto, que se incrementa en 686 millones de euros con respecto a 2025. El consejero subrayó que se trata de un presupuesto «equilibrado, déficit cero», respaldado por proyecciones macroeconómicas avaladas por la AIReF. En materia de deuda pública, se está llevando a cabo una política de refinanciación que ha generado un ahorro de 170 millones de euros en intereses. El consejero reiteró la defensa de la condonación de la deuda, proponiendo destinar los 760 millones de euros de ahorro en intereses a gastos prioritarios para la región, como la consolidación del Estado de Bienestar y el apoyo a las empresas.
En cuanto a la política fiscal, Ruiz Molina reafirmó el compromiso de mantener congelada la presión fiscal en Castilla-La Mancha, destinando un 70% a gasto social. El consejero también abogó por una reforma del sistema de financiación autonómica y la creación de un fondo transitorio para compensar la infrafinanciación.
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