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Castilla-La Mancha, ha actualizado su normativa de prevención de incendios forestales integrando el Índice de Propagación Potencial (IPP) y el Plan de Prevención, Vigilancia y Extinción 2025. La Consejería de Desarrollo Sostenible informó sobre esta evolución tras conocer la sentencia del Tribunal de Castilla-La Mancha que anula una resolución de 2021 que limitaba tareas agrícolas con maquinaria durante dos días de julio. El gobierno regional destaca que la nueva normativa busca compatibilizar las labores del sector primario con la seguridad ciudadana y la protección del medio natural.
La resolución de 2021, anulada por el Tribunal de Castilla-La Mancha, se había emitido debido a una ola de calor con alto riesgo de incendios. La Consejería de Desarrollo Sostenible actuó implementando medidas preventivas «limitadas en el tiempo» para proteger a las personas, al sector agrario y al medio ambiente, según informó la Consejería.
El Ejecutivo autonómico señaló que decisiones como la de 2021 han servido para adaptar la normativa preventiva de incendios forestales. Actualmente, se aplican medidas graduadas y proporcionadas según el nivel de riesgo en cada zona, con un procedimiento claro para excepciones y autorizaciones, en coordinación con el sector agrario.
La resolución de julio de 2025 flexibiliza el cosechado y empacado de cereal en días de IPP muy alto y extremo, aplicándose a terrenos forestales y a una franja de 400 metros próxima, siempre que se cumplan medidas de seguridad en una franja horaria determinada. Según el Gobierno regional, esta regulación ha reducido los incendios en Castilla-La Mancha y ha servido de ejemplo para otras comunidades autónomas.
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