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Manzanares ha aprobado un contrato de 48,1 millones de euros para la gestión del Servicio de Agua y Saneamiento durante los próximos 25 años. La decisión se tomó en el pleno municipal del lunes con los votos a favor del equipo de gobierno, la abstención del Grupo Popular y el voto en contra de un concejal no adscrito. El nuevo contrato busca solucionar los problemas de cortes y presión en el suministro.
El contrato, que es el de mayor importe aprobado por el Ayuntamiento, incluye inversiones millonarias en los primeros años. El objetivo principal es modernizar la red y solucionar los problemas de suministro que afectan a la localidad debido a su antigüedad. Pablo Camacho, portavoz del equipo de gobierno, apeló a la unidad de todos los grupos políticos en este tema.
Según lo aprobado, la empresa adjudicataria deberá destinar un mínimo de 7 millones de euros a mejorar las infraestructuras hidráulicas. También se establece una inversión anual de al menos 80.000 euros durante la vigencia del contrato. Entre las mejoras previstas se encuentra la instalación de contadores con telelectura y la sustitución de tuberías de fibrocemento. Además, se construirá un nuevo depósito para aumentar la capacidad de almacenamiento de agua.
José María Molina-Prados, concejal no adscrito, votó en contra de la externalización y propuso la remunicipalización del servicio. Rebeca Sánchez-Maroto, portavoz del Grupo Popular, justificó la abstención de su grupo por la falta de participación en la elaboración del expediente. Camacho respondió que el Ayuntamiento lleva un año trabajando en este asunto y que el Grupo Popular no ha presentado propuestas alternativas.
El pleno también aprobó por unanimidad la modificación de las ordenanzas que regulan el precio del agua ante la posibilidad de que el Ayuntamiento de Membrilla recurra el nuevo contrato. La oposición criticó la demora en la aprobación de las Cuentas Generales de 2023 y 2024. El pleno finalizó con la suspensión de la sesión debido a interrupciones durante el debate sobre las plantas de biometano. El alcalde, Julián Nieva, responsabilizó a la portavoz del Grupo Popular, Rebeca Sánchez-Maroto, de esta situación.
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