CLM: Sindicatos denuncian pérdida de poder adquisitivo de 131.000 empleados públicos

Empleados Públicos de Castilla-La Mancha Denuncian Pérdida de Poder Adquisitivo

Los sindicatos UGT, CCOO y CSIF denuncian que cerca de 131.000 empleados públicos en Castilla-La Mancha enfrentan una pérdida del 20% de su poder adquisitivo. El envejecimiento de las plantillas, la amortización de plazas y el lento acceso a la función pública son factores que, según los sindicatos, deterioran los servicios públicos.

Carmen Juste, secretaria general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, estima en 3.000 las plazas perdidas en la administración autonómica desde 2012. Según Juste, esta situación afecta la calidad de los servicios percibida por la ciudadanía. La secretaria general de CCOO aboga por negociar una subida salarial para los empleados públicos, recordando que en el sector privado se esperan subidas del 3,5%, 4% y 4% en los próximos años. Juste indicó que unas 90.000 personas trabajadoras de la Junta de Comunidades, 31.000 de las administraciones locales, 6.000 de la Administración General del Estado y 1.800 de la Administración de Justicia están afectadas en Castilla-La Mancha.

Carmen Campoy, secretaria general de UGT Servicios Públicos Castilla-La Mancha, recordó que los sindicatos exigen al Gobierno central desbloquear la mesa de negociación. Campoy considera que la situación económica de España debería reflejarse en las condiciones laborales de los empleados públicos. Entre las reivindicaciones, Campoy incluyó la reforma del acceso a la administración, calificándolo como un proceso «anacrónico». La responsable de UGT Servicios Públicos en la región aseguró que las movilizaciones del 30 de octubre afectan tanto a empleados públicos como a la ciudadanía.

Marisa García, secretaria de acción sindical de CSIF, afirmó que el Gobierno debe 86,8 millones de euros a los empleados públicos de Castilla-La Mancha por la falta de acuerdo salarial para 2025. García lamentó que el Gobierno exija a la patronal medidas que no aplica a sus propios trabajadores. CSIF anunció movilizaciones, incluyendo una huelga general en diciembre, instando al Gobierno a negociar.