Ciudad Real pide a JCCM moratoria de 5 años para el canon del agua

Diputación de Ciudad Real pide moratoria en canon de agua a JCCM

El Pleno de la Diputación de Ciudad Real aprobó por unanimidad solicitar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (JCCM) una moratoria de al menos cinco años en la aplicación del canon por pérdidas de agua, según la Ley 2/2022 de Aguas de Castilla-La Mancha. La sesión tuvo lugar hoy en Ciudad Real.

La propuesta, impulsada por el Grupo Popular, busca aliviar la carga económica de los ayuntamientos, permitiéndoles invertir en la renovación de sus redes de abastecimiento y saneamiento. Rocío Zarco, portavoz del Gobierno, señaló que el canon actual genera una «grave carga económica» para los municipios, especialmente en áreas rurales con infraestructuras obsoletas. La Diputación afirma haber invertido 20 millones de euros en la mejora de redes municipales y planea invertir otros 35 millones en 2025.

José Manuel Bolaños, portavoz socialista, votó a favor de la propuesta, pero considera «insuficiente» la aportación de la Diputación, solicitando un plan de renovación de redes «más ambicioso» de al menos 130 millones de euros. Bolaños reconoció que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha destinado más de 10 millones de euros para la renovación de redes en localidades pequeñas.

Miguel Ángel Valverde, presidente de la Diputación, expresó su desacuerdo con el canon del agua, considerándolo una «doble imposición» que repercute en los ciudadanos. Solicitó «sensatez y tiempo» para que los ayuntamientos se adapten a la nueva normativa. Valverde también mencionó que la Diputación ha movilizado recursos para apoyar a los municipios, incluyendo 20 millones ya ejecutados del Plan de Renovación de Redes, un plan con Aqualia y Emaser dotado con 8 millones de euros y el Plan Edifica. Considera «muy escaso» el esfuerzo inversor de la Junta en la región.

La corporación provincial también aprobó el II Plan de Igualdad para el Personal al Servicio de la Diputación de Ciudad Real (2025-2029) y la modificación del protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo en el ámbito laboral.